OEI | Metas 2021 | Formación | Boletín | Novedades | Convocatorias | Contactar RSS Twitter G + Facebook OEI Canal YouTube
Cargando

OEI

Educación | Ciencia | Cultura

Ciencia, tecnología y sociedad en América del Norte - Edit Antal


Compartir en facebook

Inicio

En la sociedad actual existe una creciente preocupación por el rumbo del avance tecnológico, se ha creado una expectativa por las consecuencias del cambio climático, los potenciales usos del genoma humano y otros productos de la biotecnología reciente. ¿Qué tipo de ciencia se debe hacer? La respuesta de cajón es aparentemente fácil: La investigación científica debe promover el desarrollo humano, disminuir los agravios y aumentar la cualidad de vida de la humanidad (KITCHER, 2003).

En América del Norte, con los Estados Unidos en el medio, el tema es particularmente inquietante. Uno de los textos más importantes del siglo XX sobre la política de la ciencia ha sido Science: The Endless Frontier de Vannevar Bush (BUSH, 1990) que abogaba por el financiamiento público de la ciencia y tecnología en los Estados Unidos, bajo la convicción de que el progreso científico es un asunto clave en beneficio de la seguridad de la nación, de mejor salud, más trabajo, mejor nivel de vida, así como del progreso cultural. Sin embargo este argumento simple y pragmático está lejos de resolver las interrogantes actuales ante las nuevas tecnologías, puesto que no es evidente qué se entiende por “progreso”, y menos aún por “progreso cultural”. Sin entrar en mayores discusiones es suficiente decir que, desde luego, queda abierta la pregunta: progreso, ¿para quién y para qué?

La verdadera cuestión es entonces: ¿quiénes deciden la dirección hacia la que se orienta la investigación científica? Los intereses, por un lado, de los generadores y los desarrolladores de la ciencia y, por el otro, de las sociedades en conjunto no necesariamente coinciden, de ahí el enorme interés que hay por las políticas en ciencia y tecnología, a nivel global, nacional y local.

Sociedades de riesgo

Desde Vannevar Bush las cosas han cambiado mucho, hoy la privatización de la investigación científica ha venido a complicar todavía más el asunto de quién debe decidir hacia dónde orientar la ciencia y la tecnología. En la sociedad de conocimiento —entendida como la fuente primaria de la producción o como factor crítico para el desarrollo social— surge la pregunta de quién diseña y con qué fines las nuevas tecnologías, cómo tendrían que ser orientadas y luego controladas, para que no rebasen los límites de la aceptabilidad y racionalidad social. En lo que Ulrich Beck (BECK, 2002) llama sociedades de riesgo y particularmente en los tiempos de terrorismo, cómo puede la gente sentirse protegida y al mismo tiempo evitar ser controlada. Los estudios sociales sobre ciencia y tecnología investigan a profundidad cuáles son los nuevos atributos y responsabilidades que las sociedades deben asumir, para poder participar en las decisiones sobre estas materias y cuestionan si las sociedades existentes están preparadas para cumplir dicha función.

En las actuales democracias hay un reconocimiento de que el riesgo no es sólo un dato objetivo, sino también algo socialmente construido, que depende del sujeto; por lo que el proceso de evaluación y validación del conocimiento tiende a abrirse cada vez más hacia la esfera pública y, en consecuencia, temas como la participación e incluso el compromiso público con la ciencia y tecnología empiezan a formar parte de las prácticas cotidianas. La formulación de este tipo de políticas va más allá de los límites de la representación: ya se habla de las democracias deliberativas, compuestas por una ciudadanía científica y ciencia cívica, cuya fuerza se mide en función de la comprensión pública de la ciencia (HAGENDIJK,2003). Se crean cada vez mayores espacios para la discusión y la deliberación, así como la rendición de cuentas sobre los asuntos científicos.

De la misma manera, en las economías intensivas del conocimiento (DAVID, 2002) las grandes transformaciones –como en la relación entre el poder del estado y del mercado, a favor del segundo— conducen a nuevas divisiones sociales y nuevas formas de inclusión o exclusión. Las preocupaciones en torno a la brecha digital reflejan las diferencias entre aquellos que generan, que consumen e incluso los que se privan de los avances de la ciencia.

En este artículo se abordan dos asuntos actuales muy controvertidos, relativos a la ciencia y la tecnología, que son objeto de debates públicos en todo el mundo y en el contexto particular de América del Norte —los Estados Unidos, Canadá y México— manifiestan una gran diversidad de posiciones, intereses y percepciones. Uno es el asunto del cambio climático y el otro el de los organismos genéticamente modificados (OGM). El objetivo es buscar respuestas a las preguntas arriba formuladas y concluir si existe o no la tendencia hacia una convergencia de políticas, y quiénes son, en cada caso, los principales actores que acceden a la información, influyen e intervienen en las decisiones. ¿Hasta qué punto las decisiones sobre CyT corresponden a patrones internacionales y regionales o bien a las necesidades y condiciones de cada país?

Cambio climático

El calentamiento de la tierra como consecuencia del cambio climático —causado por la actividad humana— y la discusión sobre sus potenciales efectos devastadores, constituyen aparentemente un problema del medio ambiente, sin embargo, se vincula con casi todas las actividades que utilizan energía: industria, transporte, uso doméstico (como rubros principales), y que desarrolla la humanidad. Desde el punto de vista de la política, el factor decisivo en la discusión mundial sobre el cambio climático es cómo interpretar la incertidumbre científica y cómo responder ante el riesgo, que hace que el asunto sea un excelente ejemplo para los propósitos de este texto.

Promovido por las Naciones Unidas, el Régimen Internacional sobre el Cambio Climático surgió en los años noventa, con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono adoptando el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. La idea central era que los países más desarrollados son los principales responsables por el cambio climático, dado que son los que en el pasado contaminaron el mundo al haber quemado demasiadas energías fósiles (gas, petróleo y carbón). El Protocolo de Kioto que establece las normas y obligaciones respecto a las emisiones entre 2008 y 2012, bajo el impulso de impartir una especie de justicia o reparación de daños a escala global y retroactiva en tiempo, establece que sólo los treinta y cinco países más avanzados del mundo están obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los mecanismos para hacerlo son flexibles: pueden actuar directamente sobre sus gases contaminantes o, de forma indirecta, transferir recursos financieros y tecnológicos a los países que hoy en día están en vías de desarrollo, para que éstos no repitan en el futuro el camino errado que condujo al desastre ambiental.

Suscribir el acuerdo en México no ha causado controversia, puesto que no implicaba mayor compromiso, al menos no a corto plazo. La convención no colocaba a México en la lista de los países a los que se les obligaba a reducir sus emisiones y, al mismo tiempo, prometía ganancias netas en términos de atraer proyectos de transferencia tecnológica, a través de un mecanismo que se conoce como el Mecanismo del Desarrollo Limpio. México, a pesar de ser un importante exportador y consumidor del petróleo a nivel mundial, por lo que una eventual caída del consumo a lo largo no le favorece, no vendió caro su voto y se incorporó rápidamente al Protocolo de Kioto. Esta actitud aparentemente en pro del ambiente también puede ser cuestionada desde un enfoque puramente realista. El hecho es que el tema no ha provocado mayor debate político ni social: se asumía que el país se vería beneficiado con el Protocolo de Kioto, tanto en términos del cuidado ambiental como del avance tecnológico, ya que podría recibir recursos para proyectos del secuestro de carbono, por la vía de reforestación y de transferencias de tecnologías de energía renovable. Sin embargo esta ecuación de costos y beneficios puede cambiar en un futuro cercano, puesto que México es susceptible a convertirse en un país con obligaciones de reducción.

No al cambio climático

En cambio, en los Estados Unidos –que en un principio fue promotor y el principal arquitecto de los mecanismos de mercado que el protocolo (tras muchas resistencias) ha logrado adoptar, para reducir las emisiones– el tema se ha politizado y para el año de 2001 se produjo un rechazo final ante el compromiso de la reducción obligatoria. De esta forma, el país que emite una cuarta parte del total de gases de efecto invernadero y que es el mayor emisor per cápita en el mundo, se dio el lujo de abandonar el régimen del cambio climático junto con otro país de mayores dimensiones que es Australia, aparte de Lichtenstein y Mónaco.

Las razones de fondo eran varias: la principal era económica, dado que se consideraba que a falta de la existencia de una tecnología de energía renovable a precio accesible, el costo de las reducciones –que se calculaba en setecientos mil millones de dólares– significaba una pérdida inaceptable para la economía del país (JOVI, 2003). Otra razón, la política, era que los senadores de los Estados Unidos –a los que de por sí no les gusta firmar acuerdos impuestos por otros, que crean obligaciones para su país– rechazaban aceptar reglas establecidas por un sistema de un país un voto que a su juicio no correspondía a las relaciones reales de fuerza en el mundo. Un agravante particular del acuerdo era que sólo se obligaba a unos cuantos a reducir emisiones, mientras que otras potencias en ascenso como China y la India, pero también Brasil y México, que podrían ser los grandes contaminadores del futuro, no tenían que compartir las mismas responsabilidades.

Para los fines de este análisis, el argumento más interesante era el tercero: el científico, que se utilizaba como el elemento central en la argumentación para refutar la existencia misma del cambio climático. Se trataba de demostrar que el cálculo científico, para comprobar que el calentamiento de la tierra obedecía a actividades humanas, en realidad no era ni aceptable ni certero, puesto que no se obtenía a través de metodologías científicas. Los think tanks conservadores y demás centros de producción de conocimiento sobre temas afines a la agenda política estadounidense, por ejemplo la Heritage Fundation, el Cato Institute o el Competitive Enterprise Institute, han gastado muchos recursos en sembrar dudas acerca de los resultados de las comunidades científicas que avalaban el régimen del cambio climático (ANTAL, 2004). El objetivo central de estas agencias era convencer la opinión pública que la verdadera ciencia no ha podido presentar evidencias científicas, para demostrar el fenómeno mismo del cambio climático y que entonces, ante la incertidumbre en torno a los riesgos, no se justificaba actuar.

En el futuro cercano las reglas del Protocolo de Kioto pueden cambiar, ya se está planteando una sensible ampliación del círculo de países que deben reducir sus emisiones y esta medida podría incluir también a México. Como se ve, y a pesar de todos los esfuerzos de la integración energética en marcha en América del Norte, no existe una posición unificada sobre el cambio climático. Cada país, de acuerdo a sus intereses y el funcionamiento de su sistema político, ha procesado el tema del cambio climático de manera diferente; es decir, un solo hecho científico ha sido interpretado de distintas formas, en función de las conveniencias económicas y del orden político y social.

Bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM)

El caso de los OGM, en los tres países de América del Norte, demuestra porqué éstos actúan de manera tan diferente ante la incertidumbre inherente a la ciencia y tecnología y cuáles son los verdaderos patrones que determinan el comportamiento ante el riesgo. Quiénes y a través de qué mecanismos discuten, forman juicio y deciden sobre el grado de aceptabilidad de los riesgos de la biotecnología moderna, depende básicamente de en qué contexto se plantea el asunto y cuál es la naturaleza del problema con el que se relaciona el tema. En los Estados Unidos y Canadá los OGM se conciben en relación a un asunto intrínsecamente vinculado con el desarrollo industrial, crecimiento económico, exportaciones y competitividad internacional, mientras que en México en función de la agricultura, abastecimiento de alimentos básicos, importaciones y la biodiversidad relacionada con la diversidad cultural del país.

A pesar de la enorme promoción a su favor la biotecnología todavía no se considera suficientemente estable, segura ni reproducible, por lo que no se pueden descartar los daños que ésta pueda generar a gran escala, aunque con probabilidad en algunos casos reducida y en otros aún desconocida. Los efectos potencialmente negativos son la producción de nuevas toxinas que se dispersan en el medio ambiente –el suelo, los parientes silvestres y los animales, e incluso en el organismo humano– y la creación de nuevas construcciones genéticas conocidas como las super-malezas con efectos ambientales potencialmente dañinos. Este único hecho convierte la regulación de los alimentos transgénicos en un tema de gran interés para las ciencias sociales.

Contrato social sobre la tecnología

Una serie de estudios sociales sobre ciencia y tecnología centran su interés en el análisis de la naturaleza, de los riesgos de las nuevas tecnologías y de sus consecuencias para la sociedad. Podemos partir de la definición de que la tecnología en gran medida es socialmente construida, S. Jasanoff (JASANOFF, 2001) distingue entre riesgo físico, riesgo social y riesgo político; y sostiene también que la resistencia a la tecnología es necesariamente un hecho políticamente construido, que a su vez explica las diferentes posiciones que asumen los distintos países. En opinión de la autora la regulación es un tipo de contrato social que especifica los términos bajo los cuales el estado y la sociedad se ponen de acuerdo sobre aceptar los costos, riesgos y beneficios de cierta tecnología. Esta definición ayuda a entender las diferencias entre la postura de los Estados Unidos, Canadá y México, dado que los costos y los beneficios de los sectores afectados por los OGM varían de país en país.

En el tema de los transgénicos lo que resulta ser más interesante, para fines de este análisis, es la comparación entre Canadá y México, puesto que son los países que mayores críticas, controversias y debates públicos han generado sobre el tema, aun cuando estos obedezcan a razones muy distintas. La postura de los Estados Unidos –que es la dominante ante los organismos internacionales relativos al tema, como el Organismo Mundial de Comercio y la Convención sobre Diversidad Biológica– resulta ser ortodoxa: la más positiva a favor de los OGM, lo que es perfectamente congruente con su política e intereses de exportación de los alimentos.

Antes de entrar en el tema de la regulación de los OGM, es importante tener una idea sobre la situación de cada país. Canadá es uno de los principales promotores de la biotecnología en el mundo y líder internacional en la temprana adopción de la tecnología de ingeniería genética agrícola, que alberga grandes empresas transnacionales del sector con una importante inversión. El gobierno canadiense, por su parte, está muy comprometido con el desarrollo de esta tecnología en la que invierte muchos recursos. Los consumidores están expuestos a los alimentos genéticamente modificados y expresan una aversión creciente hacia esta tecnología. Las exportaciones agrícolas son significativas, y la mayor parte de los OGM se destina al mercado mundial, en el que Canadá ocupa un lugar importante en el comercio internacional de granos genéticamente modificados.

En cambio México en la actualidad no produce comercialmente alimentos genéticamente modificados, pero es importador del maíz transgénico y, en consecuencia, es consumidor. La situación de la biotecnología agrícola es muy compleja porque el país tiene intereses, por un lado, en el desarrollo tecnológico y una mayor integración a la economía global y regional, pero por el otro también está bajo presión internacional y nacional, para cuidar su extraordinaria biodiversidad y sobre todo encontrar una solución para sus todavía graves agravios sociales y económicos. Estos objetivos son difíciles de conciliar, y a pesar de obtener una nueva ley de bioseguridad, hasta ahora no hay consenso en términos sociales sobre la adaptación de los OGM.

Con el 6 por ciento de los OGM en el mundo, Canadá es el tercer país, después de los Estados Unidos y Argentina, en la producción a nivel mundial. En 2004 Canadá sembraba 4.4 millones de hectáreas de canola, maíz y soya transgénicos. Canadá tiene un gran potencial como exportador agrícola, que equivale al 6 por ciento de su exportación total. Gracias a sus grandes extensiones de tierra cultivable y su relativamente escasa población, el país está en el primer lugar en la exportación de canola, el tercero de trigo, el sexto de soya y el décimo tercero de maíz en el mundo (PRUDHAM, 2005). En cuanto a la investigación y desarrollo en biotecnología de plantas, América del Norte se identifica como el punto más importante del mundo, y en particular Canadá es el país que ha producido, aprobado y llevado a cabo el mayor número de pruebas de campo de los OGM. Es un gran orgullo para Canadá que a pesar de su reducida población de sólo 32.2 millones y su relativamente débil capacidad científica, cuenta con cuatrocientas empresas biotecnológicas y, después de los Estados Unidos, es el segundo país en el mundo en esta materia (NIOSI, 2004). El estudio de la canola, merece una atención especial, no sólo porque es por mucho el producto de mayor extensión sino también porque es una planta de creación artificial propiamente canadiense: ha sido un verdadero hito para la investigación científica nacional cuya historia ilustra la profunda transformación que ha ocurrido en las relaciones entre ciencia y política en el país.

El apoyo del gobierno canadiense a la biotecnología

El hecho de que Canadá sea hoy el segundo país más importante en biotecnología –juzgado no sólo por el número de empresas sino también por el número de patentes obtenidas, productos en desarrollo y cantidad de capital invertido–, se debe principalmente a la decisión del gobierno de apostar por esta como una de las ramas de alta tecnología que puede asegurar la competitividad y la inserción del país en el mundo globalizado en el futuro. El papel clave que el sector público ha jugado en el desarrollo de la biotecnología se manifiesta en una serie de factores que van desde el sistema nacional de innovación, el diseño de incentivos, la creación de instituciones y organizaciones para generar conocimiento científico y tecnológico, hasta el diseño organizacional de las universidades, los laboratorios públicos y los mercados de capitales.

Sin embargo, con todo el apoyo del gobierno canadiense, la recuperación de las inversiones en biotecnología es y sigue siendo muy lenta. El sector no parece ser considerado por los capitales como una prioridad, por lo que el futuro de la biotecnología en Canadá depende básicamente de la decisión del gobierno federal y de los provinciales: hasta cuándo y a qué grado estarán dispuestos a seguir su promoción. Este hecho provoca fuertes cuestionamientos y críticas por parte de los contribuyentes, e incluso da lugar a la polarización de las posturas en torno a la aceptación de los OGM en Canadá. Por el momento la respuesta a la pregunta de si la historia de la biotecnología es realmente una historia de éxito, divide a los canadienses.

Las principales críticas a la regulación de los OGM han sido de muy distinta naturaleza. Alrededor del 90 por ciento de los canadienses se ha manifestado a favor del etiquetado obligatorio que, sin embargo, no ha sido introducido. Los agricultores pequeños, que no acceden a la nueva tecnología, se quejan de que no solamente pierden el control sobre sus cultivos sino voz e influencia en la política. También se ha reclamado que no existe una nueva ley para regular la biotecnología, que la agencia reguladora no es un organismo autónomo e independiente y que la actual política pasa demasiadas responsabilidades a manos de las empresas, de tal suerte que los intereses públicos de la salud no quedan resguardados. La agencia reguladora también ha sido criticada por la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de mecanismos de monitoreo a largo plazo; sobre todo por su mandato dual, de ser promotor y al mismo tiempo evaluador de la biotecnología. Levanta dudas sobre la seriedad y la eficiencia del organismo que en Canadá todos los productos genéticamente modificados solicitados hasta ahora, como sesenta en total, han sido aprobados para la comercialización. (CLARK, 2005)

Ante la lluvia de críticas por parte de una serie de sectores sociales se creó en 1999 el Canadian Biotechnology Advisory Committee (CBAC), que tiene la difícil tarea de equilibrar las preocupaciones públicas con la competitividad de la industria. La CBAC nació como un panel experto, independiente y representativo para dar asesoría a los políticos que funciona como catalizador de las preocupaciones del amplio público canadiense. En su mandato dos elementos resultaron ser completamente nuevos y positivos: uno es la ampliación de los factores a tomar en cuenta para medir los riesgos de la biotecnología –como los éticos, los sociales y los económicos—, aparte de los estrictamente basados en la evidencia científica; y el otro el esfuerzo de involucrar al público en las decisiones que tengan que ver con los riesgos socialmente aceptables en torno a los OGM (THE CANADIAN, 2005).

Los OGM en México

En México existe una controversia social en torno al maíz transgénico, especialmente pronunciada desde el año 2001, cuando se dio a conocer el descubrimiento de secuencias transgénicas en variedades de maíz tradicionales, fenómeno que se conoce como “la contaminación del maíz”. La fuente más probable de esta contaminación fue el maíz importado de los Estados Unidos. El hecho de que la opinión pública mexicana identifique el asunto de la regulación de los OGM con la suerte de un solo cultivo, que es justamente el maíz, determina en gran medida la percepción pública del asunto.

El maíz en México es un alimento básico y se consume en cantidades incomparablemente mayores que en los Estados Unidos. Está íntimamente vinculado a la cultura antigua de Mesoamérica, que a lo largo de la historia se ha convertido en uno de los símbolos del nacionalismo mexicano, particularmente significativo para la población indígena. México es el lugar donde el maíz cultivado fue desarrollado a partir de su pariente silvestre el teozinte. El maíz ha sido cultivado en el país durante al menos cinco u ocho mil años y en el campo mexicano proliferan docenas de variedades locales, conocidas como maíces criollos.

Para ubicar el peso de la problemática en la sociedad mexicana hay que señalar que la agricultura, a pesar de que genera sólo el cinco por ciento del producto interno bruto, ocupa el veinte por ciento de la fuerza laboral, una quinta parte de la población, veinte millones de personas (FORD RUNGE, 2004). Este solo hecho tiene el potencial de convertir el tema del campo en un asunto muy sensible y altamente susceptible a ser politizado. Alrededor de 3.2 millones de campesinos cultivan el maíz y el treinta y cinco por ciento de la producción se destina al autoconsumo (VEGA HERRERA, 2004).

En consecuencia, en México la discusión del tema de los OGM se ha desarrollo en un contexto completamente distinto que en los Estados Unidos y Canadá. El tema ha sido vinculado con los efectos del TLCAN y de la apertura del sector agrícola en general, ambos eventos se consideran como intrínsecamente relacionados con la pérdida de la soberanía alimentaria y el destino del sector campesino para desaparecer.

El país tiene una capacidad científica que se estima, en condiciones de país en desarrollo, de nivel medio, lo que significa tener unos cien científicos especialistas en OGM, distribuidos en una serie de instituciones privadas y públicas en una comunidad de ochocientos biotecnólogos. Sin embargo en México no existe una estrategia nacional para el desarrollo de la biotecnología y en consecuencia tampoco un incentivo económico.

Percepción indígena

Otro factor importante que coloca a México en una situación distinta a la que se encuentran los otros dos países de Norteamérica es su biodiversidad. Es un país con una gran diversidad, centro de origen no solamente del maíz, sino también de otras ochenta especies. La protección de su biodiversidad no es sólo un objetivo de la política a nivel nacional sino también de la política internacional que se desarrolla en el seno de la Convención sobre la Diversidad Biológica. México es el único país de América del Norte que ha ratificado el Protocolo de Cartagena, un tratado internacional que establece las reglas de juego internacionales para la conservación de la diversidad biológica en el mundo.

Por lo anterior en México, desde 1995, se ha expresado una preocupación por los potenciales efectos negativos que el maíz Bt, importado desde los Estados Unidos, podría tener para el campo y el medio ambiente. En 1998 se prohibió la siembra del maíz transgénico y se tenía la expectativa que el maíz importado fuera destinado exclusivamente al consumo. La posición oficial en torno al tema ha ido cambiando, y condujo a cierta confusión sobre la naturaleza exacta y las consecuencias de la modificación genética. El gobierno en un inicio parecía animar la defensa del maíz local frente al maíz genéticamente modificado, más adelante moderó su posición y finalmente revirtió su postura. La actitud vacilante, la falta de transparencia y consistencia por parte del gobierno, sin duda inspiraba desconfianza y fomentaba las dudas en torno de los organismos genéticamente modificados. A pesar de la insistencia persistente de científicos, grupos ambientales y comunidades rurales, el gobierno mexicano nunca se ha decidido a solicitar la segregación o la introducción del etiquetado del maíz estadounidense y de esta manera apoya implícitamente la introducción del maíz transgénico en el país.

En un episodio notable la Comisión para la Cooperación Ambiental, organismo que nació a raíz del TLCAN y cuya función es cuidar los efectos ambientales del comercio regional, ha retomado el tema de biodiversidad y maíz transgénico para ser investigado. En su informe final sobre el caso reconoce la necesidad de utilizar una metodología para estudiar los riesgos de esta tecnología, que incluye la percepción de la población local, las visiones indígenas y campesinas y afirma que hay una situación de incertidumbre, que hace falta realizar estudios de flujo genético para establecer los efectos reales. Este resultado es interesante porque, por primera vez, un estudio a nivel internacional reconoce la pertinencia de factores sociales, económicos y culturales en la evaluación de riesgos (ANTAL, 2004).

Finalmente, la ley mexicana de bioseguridad —que tras varios años de discusión legislativa ha sido adoptado— incluye la posibilidad de establecer zonas especiales y libres de transgénicos para el maíz y con ello abre un camino para avanzar en materia de regulación hacia un esquema que tome en cuanta los factores locales. Sin embargo, como la ley no incluye normas sobre las condiciones concretas de la coexistencia entre las variedades tradicionales y transgénicas y tampoco la implementación de las zonas libres de OGM, la moneda sobre la suerte de la regulación de los OGM en México queda en el aire.

Conclusiones

En los dos temas analizados aquí, no se observa una postura común entre los tres países de América del Norte. En el caso de cambio climático, mientras que México reconoce el hecho científico que prueba que el calentamiento de la tierra se debe a la intervención de la actividad humana, los Estados Unidos, impulsados por intereses económicos y tradiciones como la dependencia profunda, el uso irracional y el despilfarro de la energía, tienden a negar la evidencia científica a favor.

En cambio, en el caso de los organismos genéticamente modificados, Canadá por haber apostado en el desarrollo de la biotecnología como factor clave para su competencia internacional, tiende a rechazar que otros factores más allá de la evidencia científica influyen en la aceptación de la biotecnología, particularmente en el caso de los alimentos, aun cuando la sociedad canadiense muestre creciente rechazo a consumirlos. En México, la principal crítica viene por el lado de los intereses de los pequeños productores que no acceden a la tecnología, el cuidado ambiental y la cosmovisión de los grupos indígenas, particularmente en el caso del maíz. A pesar de la intensa manifestación de la defensa de la diversidad cultural y biológica, así como de modos de vida diferentes por parte de la sociedad, el reconocimiento de los factores económicos, sociales y culturales que son ciertamente distintos pero en la práctica inseparables del hecho científico, ha sido problemático y ambiguo.

La influencia de los Estados Unidos en los organismos internacionales que regulan ambos asuntos ha sido importante, pero como lo demuestra el Protocolo de Kyoto, no necesariamente decisivo. En el contexto tanto internacional como regional, ha habido lugar para la expresión de la diversidad de intereses y de identidades que se reflejan en las distintas formas de percepción de riesgo a nivel local. En última instancia el conocimiento científico y las nuevas tecnologías deben ser empleados para aumentar el bienestar y la felicidad de la gente, que además de la ciencia tienen que ver con muchos otros aspectos del ser humano.

Bibliografía

KITCHER, Philip, “What Kinds of Science Should Be Done?” en Lightman, Alan, Living with the Genie. Essays on Technology and the Quest for Human Mastery, Island Press: Washington, 2003. pp.201-224.

BUSH, Vannevar, Science: The Endless Frontier, Washington, D.C.: National Science Foundation, 1990.

BECK, Ulrich, La sociedad de riesgo global. Siglo XXI de España Editores.2002.

HAGENDIJK, Rob y KALLERUD, Egil “Changing Conceptions and Practices in Science and technology in Europe: A framework for analysis” in STAGE, Discussion Paper 2, marzo de 2003.

DAVID, Paul y FORRAY, Dominique, “An Introduction to the economy of the knowledge” en International Social Science Journal, The Knowledge Societies, 171 (2002): 9-23.

JOVI, Jon, SKODVIN Tara y ANDERSEN, Steinar, “The Persistence of the Kyoto Protocol: Why Other ANNEX I Countries Move on Without the United States” en Global Environmental Politics, 3:4 (2003):3.

ANTAL, Edit, Cambio Climático: desacuerdos entre Estados Unidos y Europa, Ed. Plaza y Valdes y UNAM, 2004. pp.118-122.

ANTAL, Edit “Who Should Tell Me What To Eat? En Voices of Mexico 68: 2004. pp.113-118

JASANOFF, Sheila, Technological RIsk and Cultures of Rationality, Discussion Paper presentado en el European Forum 2001-2002, European University Institute: Florencia, diciembre de 2001.

PRUDHAM, Scout y MORRIS, Angela, Regulating the public to make the market “safe” for GM foods: The case of the CBAC, University of Toronto: 2005, manuscrito.

NIOSI, Jorge y BAS Tomas G. “Canadian biotechnology policy: designing incentives for a new technology” en Environment and Planning C: Government and Policy, 2004, Vol. 22, pp.233-248.

CLARK, Ann “Has Ag-biotech Lived Up to its Promise? (en línea) en http://www.plant.uoguelph.ca/research/homepages/eclark, (consulta: 23 julio, 2005)

The Canadian Biotechnology Strategy, CBAC, (en línea) en http://bitech.gc.ca/epic/internet/incbs-scb.nsf/en/by00206e.html (consulta: 3 septiembre 2005) .

FORD RUNGE C. y Barry Ryan, The Global Diffusion of Plant Biotechnology: International Adoption and Research in 2004. Universidad de Minnesota. 2005.

VERA HERRERA, Ramón, En defensa del maíz (y el futuro) Una autogestión invisible, (en línea) Interhemispheric Resource Center, 2004. en www.americaspolicy.org (consulta: 5 septiembre 2004).

Descargar PDF

10 de agosto de 2007

Subir | Volver a Noticias | Volver a Ciencia

 

Filtrar Noticias

  - Todas las noticias

Mostrar únicamente noticias de:

  - Cooperación
- IBERLECTURA: Fomento de la Lectura
- Sala de Lectura. IBERTIC
- Evaluación de la Educación
- Educación Técnico Profesional
- Cultura
- Biblioteca digital
- Educación Artística, Cultura y Ciudadanía
- Noticias OEI Buenos Aires
- Género
- Década de la Educación por la Sostenibilidad
- Revista Iberoamericana de Educación
- Otras
- Formación docente
- Alfabetización y Educación de Adultos
- Infancia y Educación inicial
- IBERTIC: Instituto Iberoamericano de TIC y Educación
- Educación Inclusiva
- Educación
- Ciencia y Universidad
- Educación para la ciudadanía

Últimas noticias OEI

27 de septiembre de 2014
Cursos del CAEU

Más información [+]

10 de septiembre de 2014
Paulo Speller elegido Secretario General de la OEI
La XII Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha elegido al brasileño Paulo Speller como secretario general del organismo para el periodo 2015-2018.

Más información [+]

8 de septiembre de 2014
Oferta de Empleo en OEI - Bolivia
Acceder a términos de referencia

Más información [+]

8 de septiembre de 2014
Oferta de Empleo OEI - Honduras
Acceder a términos de referencia

Más información [+]

28 de agosto de 2014
Concluye la XII Asamblea General de la OEI en México
La XII Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha elegido al brasileño Paulo Speller como secretario general del organismo para el periodo 2015-2018 y eligieron a México para hospedar la XIII Reunión Ordinaria de la Asamblea General en 2018. En consecuencia, la Presidencia del Consejo Directivo y de la Asamblea General será ejercida por México, en la persona del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a partir de enero de 2015

Más información [+]

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |...



Áreas de Cooperación

OEI - Educación
OEI - Ciencia
OEI - Cultura



Desarrollos Institucionales

CAEU
IDIE
IBERTIC
     
Formación
Publicaciones
Biblioteca Digital
     
Observatorio CTS
IBEROTEC
Cumbres
     
RIE
Revista CTS
SITEAL
     
subir webmail subir
© Organización de Estados Iberoamericanos 2011. Actualizado el 22-Oct-2012 Desarrollo y mantenimiento: asenmac